LA INSOPORTABLE GRAVEDAD DE DEBER

Por Guillermo Geremía

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Llegaron a debitarle hasta casi el 80% del sueldo”, aseguró la abogada patrocinante de una empleada del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Ser agente público judicial era, hasta hace dos años, pertenecer a un sector de los asalariados registrados privilegiados del Estado cordobés. Sin embargo una abogada que trabaja en los tribunales de Río Cuarto debió denunciar al Banco Público de Córdoba por considerar abusivo e ilegal eldébito automático mensul de los montos con los cuales se endeudó con la tarjeta de crédito.

“Mi cliente comenzó a endeudarse en 2024 producto de compras realizadas para poder llegar a fin de mes con sus consumos básicos frecuentes”, manifestó Cynthia Sánchez Benitez, abogada de la denunciante de la situación

La letrada aseguró que en los últimos tiempos su defendida “no podía disponer de su sueldo para nada”. María Terezano es la única. El endeudamiento familiar se ha transformado en una especie de “corralito al revés” en la economía de Argentina. Si  en 2001 las entidades financieras se quedaron con los recursos de los ahorristas, 25 años después son los clientes quienes no pueden honrar sus deudas.

En la causa “Velázquez, María Tereza c/ Banco de Córdoba. Medidas cautelares” y con fecha 22 de abril de 2026, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativa de 2da. Nominación de Río Cuarto, por mayoría ordenó al Banco de Córdoba abstenerse de debitar de la cuenta sueldo más del 20% de sus haberes por deudas de tarjeta de crédito. El fallo judicial es un caso testigo de la acuciante realidad que atraviesan millones de argentinos que se vieron obligados a endeudarse al ver perder de manera significativa el poder adquisitivo de sus ingresos.

“La actora era consciente que tenía una deuda, nunca lo negó. Ella buscó el diálogo y tratativas de pago para poder saldar la deuda, pero no quería que se le siguiera descontando de su sueldo todos los meses. Los financiamientos que le propusieron eran imposibles. Hacía varios meses que no podía percibir su sueldo, la situación era desesperante”, aseguró la abogada de la denunciante en declaraciones al programa radial ASÍ SON LAS COSAS.

En meses en donde los consumos excesivos y sin transparentemente ingresos establecidos pusieron al Jefe de Gabinete de Milei en el centro del debate político, para  el economista y politólogo Alfredo Serrano Mansilla  “es tan grave la corrupción como el sufrimiento de las familias por estar cada día más endeudadas. Todo tiene que ver con todo en Argentina. La deuda de las familias que imponen un mal vivir combinadas con la corrupción profundizan la crisis social”, asegura el titular del CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica).

Las deudas de las familias argentinas que en noviembre de 2023 significaban el 10,3 de la masa salarial, en marzo de 2025 había crecido al 18,7% (ver cuadro 1). Cualquiera puede advertir que en los 15 meses posteriores a ese datola situación de morosidad ha empeoradosignificativamente. Sobre todo en las familias con menos recursos que están muchos más endeudadas que ese 10% de que tiene los ingresos más altos. El siempre inequitativo promediar de las estadísticas.

Con datos actualizados de este 2026, la mayoría de los argentinos ha mutado de tener MORA TEMPRANA a lidiar con la MORA TARDÍA. La primera se refiere al período de incumplimiento, generalmente los primeros 1 a 60 días después del vencimiento. En esta etapa, el deudor frecuentemente no paga por razones coyunturales: olvidó la fecha, tuvo un problema de flujo temporal, o no recibió el aviso de cobro. La mayoría tiene capacidad de pago: solo necesita un recordatorio adecuado.

Los TARDÍOS son aquellos que su morosidad acumula entre 90 y 120 días, ya han ignorado múltiples contactos y la probabilidad de recuperación espontánea es muy baja. Hay dos categorías: los que no pueden pagar (problemas financieros reales) y los que no quieren pagar (mala fe). Como Manuel Adorni, que teniendo “las bitcoins en el pendrive” no quiso cumplir con sus obligaciones tributarias.

Más de 5 millones de personas físicas de un universo de 20 millones de argentinos tienen mora tardía a mayo de 2026. Son el 26,9% de la población económicamente activa y con ingresos registrados. Una clara señal que el crédito minorista dejó de funcionar como herramienta de consumo y pasó a cubrir gastos corrientes de muchas familias argentas.

La situación se agrava al comparar la morosidad bancaria con las de las plataformas fintech (billeteras virtuales). Mientras el sistema bancario con carteras más formales y asalariadas tiene un atraso de pagos del 19,2%, el ecosistema digital que concentra a cuentapropistas e informales su morosidad alcanza al 28,9%. Con pérdida de poder adquisitivo, esos ingresos inestables entran en mora con mayor rapidez.

“Hasta que el Estado no de una respuesta, esas deuda no debería pagarse”, alienta la socióloga y militante feminista Luci Cavallero. Fundamenta su postura en la afirmación que “hoy hay un endeudamiento ilegítimo, que se toma para poder vivir. Ahora porque hay una mora generalizada aparece como un problema público, pero esto ya había llegado a un problema en la salud de la población. Este nivel de endeudamiento tiene que tener una respuesta del Estado, hay que sacarle el peso y la culpa de no poder pagar a la gente”, asegura la especialista en desendeudamiento familiar.

El gobierno de Milei reconoce implícitamente que hay un problema y promueve dar planes de refinanciación a través del Banco Nación. Pero el universo de la solución es acotado y el Ministro de Economía Luis Caputo no admite públicamente la situación. En el Parlamento Nacional , el legislador entrerriano peronista Guillermo Mitchell, presentó un proyecto que busca unificar 18 iniciativas impulsadas por distintos parlamentarios en la Cámara baja del Congreso Nacional. El debate no avanza en la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y de la Competencia.  

La geografía argentina registra también desigualdades respecto de los niveles de endeudamiento sostenida por una matriz de servicios de mayor valor agregado y empleo más formalizado. En CABA (Ciudad de Buenos Aires) la mora es del 16,1%. Mientras que en el otro extremo, el Norte y Cuyo ese valor supera al 35% al estar afectados por la dependencia del empleo público local, las economías estacionales y los circuitos comerciales informales, sectores más vulnerables al ajuste macroeconómico y al peso de las tarifas (ver cuadro 2).

Respecto de la estratificación etaria, la situación se torna particularmente crítica entre los jóvenes de 18 a 30 años, donde la mora roza el 40%. El dato está en sintonía con la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que ubica esa franja entre las más castigadas por la desocupación y la precarización. Sin ingresos estables ni mecanismos de actualización, el uso de tarjetas o microcréditos para cubrir gastos básicos deriva rápidamente en irregularidad.

El camino judicial al que apelo la abogada que trabaja en el Poder Judicial de Córdoba no está al alcance de todoslos endeudados por más que el sistema financiero no parece  alarmado por la situación sino que busca obtener beneficios abusivos de la coyuntura. Los camaristas que fallaron a favor de la demandante remarcaron que entre la empleada y el banco existe un contrato de consumo y, por lo tanto, el caso guiarse por los principios de protección del consumidor.

“La parte más débil de la relación es la aquí actora, en tanto destinataria de la utilización de un sistema diseñado por la entidad bancaria, sobre quien pesa el despliegue de todas las salvaguardas que doten de confiabilidad al mismo para su operación electrónica o digital e incluso satisfagan de manera adecuada el deber de información”, expresaron los jueces José María Herrán y Fernanda Bentancourt.

Con la cautelar vigente, el Banco de Córdoba se sentó a negociar con la clienta deudora, le hizo una quita significativa de los intereses por mora y acordaron un plan de financiación y cancelación de la deuda. “Esto es un manifiesto abuso de poder de las entidades financieras”, aseguró la abogada de María Tereza.

La persistente caída del consumo y la consecuente pérdida del poder recaudatorio de los Estados nacional, provincial y municipal obedece a que la morosidad se concentra en la base de la pirámide de consumo minorista. El agotamiento del esquema de tomar deuda para cancelar compromisos previos ha derivado en comportamientos de desesperación como renunciar a trabajos y pasar a la informalidad para que no le sigan descontando lo adeudado de los salarios registrados. O la “martingala” de hacer una compra de varios productos, pagarlos con tarjeta de crédito, luego arrepentirse de la adquisición de algunos y esperar que la billetera le reintegre el importe en efectivo y así financiarse con dinero cash pateando la deuda del tarjeta en 6 o 12 cuotas.

Más tensión para la cadena de pagos, reteniendo o imposibilitando nuevos consumos y neutralizando cualquier resto para ahorrar o invertir. La usura financiera baila en la cubierta del Titanic mientras que en las bodegas del barco a sus ocupantes el agua ya les llegó al cuello. El riesgo país desciende mientras el peligro de crisis social sube como “pedo de buzo” (dixit Milei) alimentado por lainsoportable gravedad de deber y no tener cómo pagar.

 Así son las Cosas.