La motosierra sobre las obras: US$ 3.000 millones de fondos para obras volcados al déficit cero

Los fideicomisos estatales acumularon cerca de US$ 3.000 millones que no fueron utilizados para los fines previstos durante los primeros dos años de Milei. Parte de ese dinero, originalmente destinado a financiar obras, fue colocado en letras, bonos y otros instrumentos financieros del Estado.

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Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios recaudaron más de $8,2 billones. Sin embargo, una parte importante de ese dinero no se utilizó para las obras y programas a los que estaba destinado. Como resultado, se acumuló un excedente cercano a los US$ 3.000 millones, en el marco de la política del Gobierno nacional de sostener el déficit cero.

Según el análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto citado en la información, el superávit financiero de estos fideicomisos alcanzó los $1,86 billones durante 2024 y $1,23 billones en 2025.

Convertidos al tipo de cambio oficial promedio de cada año, representan aproximadamente US$ 1.978 millones y US$ 973 millones, respectivamente.

Los fondos ejecutaron solamente el 55,8% de lo recaudado durante 2024, mientras que en 2025 la proporción llegó al 69,5%. Durante el primer trimestre de 2026, en tanto, se ubicó en el 69,7%.

De acuerdo con la información disponible, los activos excedentes fueron destinados a letras del Tesoro, bonos, títulos públicos y plazos fijos.

Para 2026, las planillas presupuestarias proyectan colocaciones financieras por otros $1,33 billones, equivalentes a aproximadamente US$ 880 millones. Si la dinámica continúa, las estimaciones privadas y de centros de estudio citadas en el relevamiento calculan que los excedentes acumulados podrían acercarse a los US$ 4.000 millones durante los primeros tres años de gobierno.

Buena parte de estos fondos fue creada para financiar infraestructura que se materializa en las provincias: rutas, transporte, saneamiento, obras hídricas, viviendas e intervenciones en barrios populares.

Cada peso que permanece sin ejecutar supone también proyectos que se demoran, se paralizan o directamente no llegan al territorio.

Uno de los casos más contundentes aparece en el Fondo de Integración Socio Urbana, donde las transferencias se redujeron un 94% y, según la información analizada, quedaron paralizados 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.

Una situación similar alcanza al Sistema de Infraestructura del Transporte y al Fondo de Infraestructura Hídrica. Allí, las inversiones financieras dispuestas con los recursos disponibles superan los montos destinados efectivamente a obras viales, mantenimiento de rutas y saneamiento.

La discusión hacia adelante estará puesta no solamente en cuánto logra ahorrar el Estado nacional, sino también qué costo territorial tiene ese ahorro. Si la acumulación de excedentes continúa, el debate entre Nación y las provincias podría profundizarse.