“No voy a renunciar”: la respuesta de Alejandra Ferrero tras conocerse la denuncia por abuso sexual de un empleado de la legislatura
La legisladora radical aseguró que Omar Ludueña no era asesor directo suyo sino un agente de planta permanente asignado a su oficina. Confirmó que pidió su apartamiento, reclamó mayores controles sobre el personal legislativo y rechazó el pedido de renuncia impulsado desde el oficialismo.
La legisladora provincial Alejandra Ferrero, de la Unión Cívica Radical, habló con Telediario Federal luego de conocerse la grave denuncia por presunto abuso sexual contra Omar Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba que se desempeñaba en tareas administrativas y territoriales vinculadas a su oficina.
Ferrero aseguró que el bloque tomó conocimiento del caso luego de que la denunciante relatara públicamente una situación de presunto abuso continuado y sostuvo que, a partir de allí, realizaron una presentación judicial y solicitaron formalmente el apartamiento del trabajador.
“Inmediatamente tomamos medidas, hicimos una presentación en la Justicia para que se investiguen estos hechos”, afirmó la legisladora.
La legisladora remarcó que Ludueña no integraba su equipo de asesores políticos, sino que era un empleado de planta permanente de la Legislatura que había ingresado mediante concurso en 2015.
Según explicó, el trabajador había presentado el certificado de antecedentes penales exigido para ingresar al organismo y posteriormente fue asignado a su oficina por su pertenencia partidaria.
“No puedo echarlo porque no es un empleado asesor mío, sino que es un agente que rindió concurso en 2015, está en planta permanente”, sostuvo.
Ferrero detalló además que el hombre realizaba tareas administrativas, relevamientos de infraestructura escolar y trabajos territoriales en distintos barrios. Desde que se conoció la denuncia, aseguró, el vínculo quedó interrumpido.
“Hemos cortado la comunicación. No hemos tenido comunicación ni con él ni con su abogado porque realmente no nos interesa saber su versión; que investigue la Justicia”, señaló.
La denuncia volvió a abrir una discusión sobre qué controles existen para quienes trabajan dentro del Poder Legislativo provincial. Ferrero reconoció que es necesario avanzar hacia mecanismos más rigurosos y periódicos, no solo mediante certificados de antecedentes penales nacionales, sino también a través del certificado provincial de buena conducta y una mayor comunicación con el Poder Judicial.
La legisladora planteó incluso la posibilidad de crear un sistema que permita conocer la existencia de denuncias graves contra empleados públicos, aunque todavía no exista una condena.
“Hay una responsabilidad institucional. Debemos extremar los controles para que sean periódicos”, expresó.
También propuso fortalecer los portales de transparencia y publicar los certificados correspondientes tanto de asesores contratados como de empleados de planta permanente.
“La información no puede ser una lotería, que uno se tenga que enterar porque una víctima se tiene que comunicar”, advirtió.
Ferrero rechazó las comparaciones que sectores del oficialismo realizaron entre este episodio y otros casos que involucraron a trabajadores o asesores legislativos.
Según sostuvo, la principal diferencia es que Ludueña había ingresado como empleado permanente mediante concurso y no como asesor político designado directamente por ella.
La legisladora señaló que cada parlamentario puede nombrar cinco asesores de confianza, mientras que los agentes permanentes dependen administrativamente de la Legislatura y son distribuidos entre distintas oficinas.
“Este señor era del radicalismo, se afectó a mi oficina. Rindió en 2015, hace 11 años que está trabajando en esta Legislatura”, explicó.
Desde Hacemos Unidos por Córdoba cuestionaron la actuación de Ferrero y reclamaron su renuncia. Ante la consulta de Telediario Federal, la legisladora descartó esa posibilidad.
“Por supuesto que no voy a renunciar porque estoy tranquila de haber actuado con integridad, con honestidad y con celeridad”, respondió.
Ferrero aseguró además que acompañan a la denunciante y que intenta mantener prudencia en sus declaraciones para evitar que la gravedad del caso quede atrapada únicamente en una disputa político-partidaria. Durante la entrevista también surgió otro dato sobre los mecanismos de control internos. Ferrero explicó que durante años a los empleados de la Legislatura se les solicitó únicamente el certificado nacional de antecedentes penales, que refleja condenas.
Según indicó, recién después de recientes controversias dentro de la Unicameral comenzó a exigirse también el certificado provincial de buena conducta.
“Desde el caso Flores, la Legislatura comenzó a pedir el certificado de buena conducta provincial, pero solo desde ahora. Antes no se solicitaba”, señaló.
El caso vuelve así a colocar bajo discusión los mecanismos de selección, seguimiento y control del personal de la Legislatura de Córdoba, mientras la Justicia avanza sobre la grave denuncia que originó la investigación.
