Petróleo en Malvinas: abogados ambientalistas presentaron un amparo para frenar el proyecto Sea Lion

 La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el CECIM presentaron una acción judicial para intentar detener el avance del proyecto petrolero León Marino, impulsado por empresas británicas e israelíes en la Cuenca Malvinas Norte. Advierten por riesgos ambientales y cuestionan la explotación sobre un territorio cuya soberanía reclama Argentina.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, denominado León Marino.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande y solicita suspender tanto las obras como el financiamiento de la iniciativa.

En diálogo con Telediario Federal, el abogado y director ejecutivo de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Lucas Michelaud explicó que la organización viene siguiendo desde hace años el avance de proyectos petroleros en el Mar Argentino y recordó que en 2021 lograron frenar judicialmente otra iniciativa offshore por la falta de estudios sobre impactos ambientales acumulativos.

Según detalló, el proyecto contempla una explotación a gran escala ubicada aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, con una infraestructura que incluiría 23 pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de obras logísticas en Puerto Argentino. La extracción está proyectada para comenzar en 2028 y extenderse durante más de 30 años.

El reclamo ambiental y la disputa por la soberanía

Desde la organización sostienen que el conflicto no se limita únicamente a la cuestión territorial, sino que también involucra la protección de ecosistemas del Atlántico Sur.

“Hay tres grandes ecosistemas que están en riesgo por esta explotación a gran escala”, afirmó Michelaud, quien remarcó que la demanda busca defender tanto el patrimonio natural como la soberanía argentina.

El planteo judicial advierte sobre posibles impactos en zonas de alta biodiversidad, con presencia de ballenas, peces, aves marinas, delfines, tiburones y otras especies. Además, señala que un eventual derrame en alta mar podría tener consecuencias sobre actividades económicas regionales como la pesca y el turismo en provincias patagónicas.

El abogado ambientalista también cuestionó el avance de una infraestructura petrolera extranjera en una zona bajo disputa de soberanía. “Consolidar esta gran infraestructura petrolera en alta mar es consolidar el enclave colonial”, sostuvo durante la entrevista.

El impacto para las economías regionales

El debate trasciende la explotación hidrocarburífera y abre una discusión sobre el modelo productivo y el manejo de los recursos naturales estratégicos. Desde la Patagonia advierten que cualquier afectación ambiental sobre el ecosistema marino podría impactar en cadenas económicas vinculadas a la pesca, el turismo y las comunidades costeras.

La presentación judicial también apunta contra la cadena financiera del proyecto: bancos, fondos de inversión, aseguradoras y accionistas que participan del financiamiento. La intención es que la Justicia analice no solo la actividad extractiva, sino también los mecanismos que permiten su desarrollo.

Mientras el proyecto avanza hacia la etapa de perforaciones prevista para 2027, el conflicto suma una nueva dimensión judicial en torno a Malvinas: la disputa histórica por la soberanía vuelve a cruzarse con la discusión ambiental y el futuro de los recursos estratégicos del país.