Las cambiaron al nacer y vivieron 46 años con una identidad equivocada: ahora la justicia ordenó una indemnización de $30 millones
- Telediario Digital
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Dos mujeres descubrieron después de casi medio siglo que habían sido entregadas a familias equivocadas tras su nacimiento en Córdoba. La Justicia responsabilizó al Estado provincial y ordenó pagar indemnizaciones de entre $25 millones y $30 millones, más intereses.
Un error ocurrido en una maternidad provincial de Córdoba en 1977 terminó con una resolución judicial casi cinco décadas después.
Dos mujeres que fueron intercambiadas al momento de nacer y la madre de una de ellas deberán ser indemnizadas por el Estado provincial, luego de que la Justicia considerara acreditada la responsabilidad por la falla en la identificación y entrega de los bebés.
El caso salió a la luz cuando una de las mujeres acudió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y comenzó una investigación que derivó en estudios genéticos.
Los análisis de ADN confirmaron que no existía vínculo biológico con la familia que la había criado y permitieron encontrar a otra mujer nacida el mismo día y en el mismo establecimiento.
La Justicia determinó que ambas mujeres crecieron durante toda su vida con familias que no eran las biológicas. El juez en lo Civil y Comercial de 35° Nominación de Córdoba, Mariano Díaz Villasuso, sostuvo que la maternidad tenía la obligación no solo de garantizar la atención durante el parto, sino también de asegurar que cada recién nacido fuera entregado correctamente a su familia.
En su resolución, el magistrado entendió que se trató de una “falta de servicio” por parte del Estado provincial y consideró que el intercambio provocó un profundo daño sobre la identidad personal y familiar de las damnificadas. La sentencia remarcó el impacto de conocer, después de décadas, que la historia familiar construida desde la infancia no coincidía con la realidad biológica.
El fallo también descartó que el caso estuviera vinculado con apropiaciones ilegales de bebés durante la última dictadura, pese a que la maternidad donde ocurrieron los nacimientos había sido parte del circuito represivo de aquella época.
Según la sentencia, las madres ingresaron voluntariamente al hospital y los estudios genéticos no arrojaron vínculos con familiares de personas desaparecidas.
Ahora, la Provincia deberá pagar indemnizaciones de entre $25 millones y $30 millones, más intereses, a las dos mujeres afectadas y a la madre de una de ellas.
El caso vuelve a poner en debate el derecho a la identidad y las consecuencias que puede generar un error institucional que permanece oculto durante generaciones.
