Piden que habiliten la operatividad de las cuentas de las empresas de Dagatti
- Telediario Digital

- hace 5 días
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El abogado Emilio Andruet, nuevo integrante del equipo legal de Dagatti, sostuvo que las restricciones financieras generan complicaciones operativas y ponen en riesgo la continuidad de las firmas.
El abogado Emilio Andruet, nuevo integrante del equipo legal del empresario riocuartense Alicio Dagatti, se refirió a la situación judicial que atraviesa su defendido y al pedido presentado ante la Justicia para flexibilizar el bloqueo de cuentas bancarias que afecta a sus empresas.

Dagatti se encuentra involucrado en dos causas: una que tramita en el Juzgado Federal de Río Cuarto y otra en la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba. En este contexto, la defensa sostiene que la medida vigente sobre las cuentas empresariales genera serias dificultades operativas y pone en riesgo la continuidad del funcionamiento normal de las compañías.
Según explicó Andruet, el bloqueo vigente obliga a las empresas a solicitar autorizaciones judiciales para cada movimiento financiero, lo que demora pagos esenciales como salarios y compromisos con proveedores. En ese sentido, remarcó que, aunque existe un sistema de trazabilidad de fondos, los tiempos administrativos del proceso judicial afectan la dinámica diaria de las firmas.
El letrado advirtió además que la situación podría derivar en un escenario crítico para el empleo, ya que las empresas alcanzadas emplean entre 400 y 450 trabajadores. En ese marco, alertó sobre el riesgo de un eventual concurso preventivo si no se modifica el esquema actual de restricciones.

Desde la defensa también se propuso la incorporación de veedores judiciales y la implementación de controles periódicos de rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar transparencia sin frenar la operatoria financiera. “No hay nada que ocultar”, sostuvo el abogado, al remarcar que todo movimiento puede ser debidamente acreditado ante la Justicia.
Mientras tanto, las empresas continúan operando bajo un esquema de autorización parcial, lo que —según la defensa— genera demoras, complicaciones en pagos y tensiones con proveedores, en un contexto económico ya complejo.
El caso continúa bajo análisis judicial y se espera que en las próximas instancias se evalúe el pedido de flexibilización del bloqueo financiero solicitado por la defensa.



