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Biocombustibles: el Senado abrió el debate por una nueva ley que divide al sector y promete más producción

El Senado comenzó a debatir una nueva ley de biocombustibles impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa cuenta con respaldo de sectores agroindustriales, pero también genera tensiones por el reparto del mercado y el futuro de las economías regionales ligadas a la producción de biodiésel y bioetanol.

El Congreso nacional dio este miércoles el primer paso para debatir una nueva ley de biocombustibles, una iniciativa impulsada por el Gobierno que busca ampliar el uso de biodiésel y bioetanol en los combustibles que se comercializan en el país.

El tratamiento comenzó en una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Presupuesto del Senado y promete abrir una fuerte discusión entre grandes industrias, pymes y provincias productoras.

El proyecto propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y aumentar la participación del bioetanol en las naftas del 12% al 15%. Además, incorpora la posibilidad de utilizar vehículos con tecnología Flex Fuel, capaces de funcionar con distintas proporciones de combustibles renovables.



La iniciativa llegó al Senado con el respaldo explícito de actores clave de la agroindustria. Representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), de la Cámara de Bioetanol de Maíz y del Centro Azucarero Argentino manifestaron su apoyo al proyecto.


Desde esos sectores sostienen que la normativa permitiría recuperar inversiones paralizadas y reactivar plantas industriales que hoy trabajan por debajo de su capacidad.

Sin embargo, la discusión está lejos de ser pacífica. Las pymes productoras de biodiésel observan con preocupación la posibilidad de perder participación frente a grandes compañías aceiteras y petroleras.

El temor es que una mayor desregulación termine concentrando el negocio en pocos actores y afectando a empresas que actualmente abastecen el mercado interno.



Desde una mirada federal, el debate adquiere especial relevancia para provincias con fuerte presencia agroindustrial. Santa Fe, principal polo productor de biodiésel del país, respaldó la actualización de la ley, pero reclamó modificaciones para fortalecer las inversiones y garantizar mayor participación de productores independientes.

Entre otros puntos, propuso elevar inmediatamente el corte obligatorio al 15%, avanzar hacia un esquema del 20% y reservar parte del mercado para empresas no integradas.

La discusión refleja una tensión histórica entre el desarrollo de las economías regionales y las reglas que regulan los grandes mercados energéticos. Mientras el Gobierno apuesta a una mayor competencia y desregulación, las provincias productoras buscan asegurar condiciones que permitan sostener empleo, agregar valor local y aprovechar la creciente demanda mundial de energías renovables.


El debate recién comienza, pero el resultado podría redefinir el futuro de una industria estratégica para el interior productivo.

 
 

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