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El gobierno privatizó la hidrovía y anuncia una baja del 13,5% en los costos logísticos

El Gobierno nacional adjudicó la Vía Navegable Troncal a la firma Jan de Nul-Servimagnus y aseguró que la medida permitirá reducir los costos logísticos en un 13,5%. La decisión impacta sobre una de las principales arterias por donde sale la producción argentina hacia el mundo.

El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, conocida popularmente como la Hidrovía, a la empresa Jan de Nul-Servimagnus.

La medida representa el cierre del proceso de privatización de una infraestructura clave para la economía argentina, ya que por allí circula cerca del 80% del comercio exterior del país.

La decisión quedó oficializada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Según informó el Ejecutivo, la empresa presentó la oferta más conveniente y el proceso concluyó sin impugnaciones por parte de los competidores.



Además, la firma del contrato deberá concretarse dentro de los próximos 30 días.

Desde el Gobierno sostienen que la adjudicación permitirá una reducción inmediata del 13,5% en los costos logísticos, además de impulsar obras de profundización del canal y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad de la navegación y reforzar los controles contra el narcotráfico.

Sin embargo, la relevancia de la medida excede el ámbito portuario. La Hidrovía es la principal puerta de salida de las exportaciones agroindustriales, industriales y regionales de buena parte del interior argentino.

Provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones dependen de manera directa de la competitividad de este corredor para colocar su producción en los mercados internacionales.



El desafío será verificar si la prometida reducción de costos se traduce efectivamente en mejores condiciones para productores, industrias y economías regionales.

Históricamente, uno de los principales reclamos del interior productivo ha sido la pérdida de competitividad por los elevados costos de transporte y logística que encarecen las exportaciones.

La adjudicación abre además un nuevo debate político sobre el rol del Estado en la administración de infraestructuras estratégicas. Mientras el Gobierno celebra el ingreso de inversión privada y la modernización del sistema, sectores opositores y especialistas advierten que el verdadero impacto deberá medirse en los próximos años, cuando se evalúe si los beneficios prometidos llegan efectivamente a las provincias y a los sectores productivos que sostienen gran parte de las exportaciones argentinas.



 
 

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