El negocio detrás de las armas ilegales: quiénes las compran y cómo terminan en las calles
Juan Pablo Quinteros advirtió que muchas armas de fuego son adquiridas legalmente y luego ingresan al mercado ilegal. Habló de la existencia de “testaferros de armas”, descartó que el contrabando sea la principal vía de ingreso en la región y reclamó avanzar con una ley de desarme voluntario.
La creciente presencia de armas de fuego en hechos de inseguridad y violencia urbana abre un interrogante que preocupa tanto en Río Cuarto como en otras ciudades de Córdoba: ¿de dónde salen tantas armas que terminan siendo utilizadas para cometer delitos o resolver conflictos personales?

En diálogo con Telediario, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó cuáles son las principales vías por las que las armas llegan al circuito ilegal y advirtió que se trata de una problemática que excede ampliamente los límites de la provincia.
“Eso no es una problemática de Río Cuarto, es una problemática de todo el país”, sostuvo el funcionario, quien reconoció que la cantidad de armas que circulan representa uno de los desafíos para las fuerzas de seguridad.
De la compra legal al mercado negro: cómo llegan las armas al delito
Uno de los puntos más relevantes de las declaraciones del ministro estuvo relacionado con el origen del armamento que aparece en procedimientos policiales e investigaciones criminales.
A diferencia de lo que podría suponerse, Quinteros aseguró que en Córdoba y otras provincias de la región centro el contrabando no constituye la principal vía por la que las armas llegan al circuito ilegal.
“La mayoría de las armas acá no llegan del contrabando, como puede ser en la Triple Frontera. Acá lo más común, en el centro del país, es que las armas lleguen a través de personas que las compran como legítimos usuarios y luego las vuelcan en un sistema ilegal”, explicó.
De esta manera, el funcionario puso el foco en un mecanismo que permite que armas adquiridas originalmente dentro del sistema legal terminen circulando por fuera de los controles correspondientes.
¿Qué son los “testaferros de armas”?
Durante la entrevista, Quinteros utilizó un término que llamó particularmente la atención: “testaferrato de armas”.

El concepto hace referencia a personas que cuentan con las autorizaciones correspondientes para adquirir armas de fuego, pero que realizan compras utilizando su propia identidad para después transferirlas irregularmente a terceros.
Se trata de una modalidad en la que alguien actúa como comprador formal mientras el arma termina en poder de otra persona, sin cumplir los procedimientos legales de transferencia.
Según explicó el ministro, este mecanismo es una de las situaciones detectadas en torno a la circulación ilegal de armamento.
Armas heredadas, permisos vencidos y robos en viviendas
Quinteros también señaló que no todas las armas que terminan en el mercado negro provienen de operaciones deliberadamente irregulares.
En muchos casos, se trata de armamento que permanece durante años en viviendas particulares, ya sea porque fue adquirido por integrantes de una familia, porque quedó como herencia o porque sus propietarios dejaron vencer las autorizaciones correspondientes.
“Tenemos un montón de casos en los que se entra a viviendas de personas que tienen muchas armas porque su familia compró, porque quedaron en la familia y se las terminan llevando”, manifestó.
En ese sentido, advirtió que estas situaciones también contribuyen a que armas que originalmente estaban en manos de particulares terminen incorporándose al circuito delictivo.
“Muchas veces se compran y no se renuevan los permisos, y ahí quedan, y un día aparecen en el mercado negro”, agregó.
Cómo investiga la Policía el origen de las armas secuestradas
El ministro destacó que la Policía de Córdoba viene realizando numerosos secuestros de armas de fuego en distintos puntos de la provincia, entre ellos Río Cuarto, Villa María y la capital provincial.
Además, explicó que la fuerza cuenta con nuevas herramientas para reconstruir el recorrido de las armas recuperadas durante los operativos.
Según detalló, hace aproximadamente un año la Provincia firmó un convenio con el Registro Nacional de Armas (RENAR) que permite agilizar las tareas de trazabilidad y determinar el origen y los antecedentes registrales del armamento secuestrado.
Este procedimiento resulta fundamental para establecer cómo un arma pasó de su adquisición inicial a terminar involucrada en un hecho delictivo.
El reclamo por una ley de desarme voluntario
Frente a este escenario, Quinteros insistió en la necesidad de avanzar con políticas que permitan reducir la cantidad de armas en circulación.
El funcionario aseguró que Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen planteando en los encuentros del Consejo de Seguridad Interior la importancia de contar con una legislación que impulse el desarme voluntario.
“Manifestamos la necesidad de una ley que tenga que ver con el desarme voluntario, ley que existió en su momento y que lamentablemente está parada en el Congreso”, expresó.
De todas maneras, reconoció que esta herramienta tiene limitaciones, particularmente cuando se trata de personas que utilizan armas para cometer delitos.
“No las de aquellos que delinquen, que no van a dejar un arma a cambio de dinero, pero claramente hay que avanzar hacia eso”, sostuvo.
Finalmente, el ministro remarcó que la problemática requiere una respuesta que vaya más allá de los operativos policiales y del secuestro de armas.
Mientras los procedimientos de seguridad continúan detectando armamento en diferentes ciudades de Córdoba, la explicación del ministro deja planteado un desafío central: cómo evitar que las armas adquiridas legalmente terminen alimentando un mercado clandestino que contribuye a la violencia urbana.




