Malvinas: el Gobierno impulsa penas de hasta 20 años para quienes exploten recursos sin autorización argentina
El Ejecutivo nacional presentó en Diputados la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía el régimen de sanciones para personas y empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa contempla multas millonarias, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca modificar el esquema vigente de sanciones frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El texto amplía el alcance de la normativa que hasta ahora estaba centrada principalmente en actividades hidrocarburíferas y propone incorporar todo tipo de aprovechamiento de recursos renovables y no renovables. Según la iniciativa, las personas o compañías involucradas podrían enfrentar multas equivalentes a miles de barriles de petróleo, suspensión de permisos e inhabilitaciones de hasta 20 años.
Uno de los puntos centrales del proyecto está vinculado a la explotación de hidrocarburos. Para actividades como la extracción, transporte o almacenamiento de petróleo sin autorización argentina, la propuesta establece penas de entre 15 y 20 años de prisión. Además, prevé sanciones para empresas proveedoras que participen con conocimiento del destino de bienes o servicios.
La iniciativa también incorpora medidas contra las compañías involucradas, con suspensión de actividades por hasta 30 años, pérdida de habilitaciones, restricciones para contratar con el Estado e incluso la posibilidad de disolución o liquidación en determinados casos.
El proyecto llega en medio de la disputa por el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas, donde empresas vinculadas al Reino Unido avanzan con planes de explotación petrolera. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades vulneran la legislación nacional sobre los recursos del Atlántico Sur.
Además del capítulo económico y judicial, la propuesta crea un Sistema de Seguridad Nacional con participación de áreas diplomáticas, de defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica. También establece protocolos de respuesta frente a embarcaciones consideradas hostiles, con diferentes niveles de intervención.
Ahora comenzará el debate parlamentario para definir el tratamiento en comisiones y las modificaciones que pueda tener el proyecto. La discusión pondrá nuevamente en el centro del Congreso la cuestión de la soberanía argentina sobre las islas y el control de los recursos estratégicos del Atlántico Sur.
