Milei activa la reforma laboral y obliga a renegociar 150 convenios colectivos
- Telediario Digital
- 8 jun
- 3 min de lectura
La Secretaría de Trabajo comenzará a intimar a empresas y sindicatos para renegociar unos 150 convenios colectivos vencidos. La medida, derivada de la reglamentación de la Ley 27.802, abre una nueva etapa de discusión sobre salarios, productividad, representación sindical y condiciones laborales en todo el país.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional comienza a mostrar sus primeros efectos concretos. Desde este lunes, la Secretaría de Trabajo iniciará el proceso para intimar a empresas y sindicatos a renegociar alrededor de 150 convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos, en el marco de la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La medida representa uno de los cambios más profundos del esquema laboral argentino de las últimas décadas. Según lo dispuesto por el decreto 407/2026, los convenios cuyo plazo original haya expirado deberán ser actualizados para adecuarse a las nuevas disposiciones. Entre los aspectos que podrían modificarse aparecen las condiciones laborales, los aportes sindicales, los mecanismos de negociación y nuevos sistemas de remuneración ligados a la productividad.
Desde el Gobierno sostienen que la actualización permitirá modernizar acuerdos que, en algunos casos, fueron diseñados hace varias décadas y no contemplan las transformaciones tecnológicas y productivas actuales.
La CGT cuestiona el alcance de la reforma y advierte que puede derivar en una pérdida de derechos laborales y en una mayor precarización del empleo.
Uno de los puntos más sensibles es el avance hacia negociaciones más descentralizadas. La nueva normativa fortalece los convenios por empresa o por región, incluso cuando establezcan condiciones diferentes a las de los acuerdos nacionales de actividad. Para el oficialismo, esto permitirá adaptar las reglas laborales a las distintas realidades económicas del país. Para los gremios, en cambio, podría debilitar el poder de negociación de los sindicatos nacionales y generar trabajadores con derechos distintos según la empresa o la provincia donde desempeñen sus tareas.
El impacto federal de la medida será especialmente relevante. Sectores productivos de las economías regionales, industrias radicadas en el interior y pequeñas y medianas empresas podrían impulsar convenios adaptados a sus condiciones particulares.
El Gobierno pretende que empresas y sindicatos incorporen herramientas previstas en la Ley 27.802 que modifican aspectos centrales de las relaciones laborales. Entre ellas aparece el denominado "salario dinámico", un mecanismo que habilita a sumar componentes salariales variables vinculados al rendimiento del trabajador, la productividad de la empresa o la situación económica de cada actividad.
La iniciativa apunta a reemplazar parte de los incrementos salariales tradicionales por esquemas atados a resultados concretos. Un ejemplo que ya se analiza en la actividad petrolera es la posibilidad de que determinados adicionales suban o bajen según la evolución del precio internacional del crudo. Desde la Casa Rosada sostienen que este sistema permite adaptar los salarios a la realidad económica de cada sector y generar incentivos para mejorar la productividad.
Otro de los ejes de la reforma es el fortalecimiento de los convenios por empresa o por región. La nueva legislación otorga mayor peso a estos acuerdos particulares frente a los convenios nacionales de actividad, una modificación que el Gobierno considera clave para contemplar las diferencias económicas entre provincias, regiones y sectores productivos.
Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, cuestionó el diagnóstico oficial sobre la supuesta desactualización de los convenios colectivos. "Desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades. Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar", sostuvo.
Los gremios también rechazan especialmente la incorporación del salario dinámico. Consideran que estos mecanismos habilitan negociaciones "a la baja" y trasladan al trabajador parte de los riesgos económicos de las empresas. Desde la visión sindical, los salarios podrían quedar sujetos a variables de mercado o a resultados empresariales, debilitando la referencia tradicional de las paritarias y la recomposición frente a la inflación.
La discusión promete convertirse en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Mientras el oficialismo apuesta a una mayor flexibilidad para impulsar el empleo privado, la CGT ya anticipa resistencia y advierte que la discusión recién comienza.
