Senado: Milei busca avanzar con la venta de tierras a extranjeros, el pago a fondos buitre y la designación de jueces
- Telediario Digital
- 4 jun
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La Cámara Alta debate este jueves una agenda sensible para el Gobierno nacional: la eliminación de límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un acuerdo para cancelar una deuda de US$171 millones con fondos buitre y la designación de cerca de 50 jueces. Las iniciativas generan cuestionamientos por su impacto institucional y sobre las economías regionales.
El Senado de la Nación sesiona este jueves con una agenda cargada de temas estratégicos para la administración de Javier Milei.
Entre los proyectos más relevantes aparecen la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que habilita cambios en materia de desalojos y venta de tierras rurales, el acuerdo para cancelar una deuda de US$171 millones con fondos buitre y la aprobación de cerca de 50 pliegos judiciales.
Uno de los puntos que concentra mayor atención es la modificación de la Ley de Tierras.
La iniciativa elimina el límite del 15% que regía desde 2011 para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Desde el oficialismo sostienen que la medida busca atraer inversiones y dinamizar la actividad económica. Sin embargo, sectores políticos y productivos advierten sobre las consecuencias que podría tener en regiones estratégicas del interior del país.
La discusión adquiere especial relevancia para las provincias agropecuarias, donde la tierra constituye uno de los principales activos económicos. Gobernadores, legisladores y organizaciones vinculadas a la producción observan con preocupación la posibilidad de una mayor concentración de superficies rurales en manos de inversores extranjeros, especialmente en zonas con recursos naturales estratégicos o alto valor productivo.
Otro de los proyectos en debate es el acuerdo con los holdouts que permanecen en litigio desde el default de 2001. El Gobierno propone cancelar US$171 millones mediante un entendimiento que contempla una quita superior al 30% respecto de los montos originalmente reclamados. La Casa Rosada considera que el cierre de estos litigios permitirá reducir riesgos judiciales y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento internacional.
La sesión también incluye la aprobación de alrededor de 50 pliegos judiciales. Entre ellos aparecen postulaciones que despertaron cuestionamientos por vínculos familiares o antecedentes controvertidos.
Además, la ley impulsada por el Gobierno modifica aspectos vinculados al manejo del fuego, eliminando restricciones que impedían durante décadas la venta o el cambio de uso de tierras afectadas por incendios. Para el oficialismo se trata de una corrección normativa en defensa de la propiedad privada; para sus críticos, representa un retroceso en materia ambiental y una señal que podría incentivar procesos especulativos sobre territorios afectados por incendios.
El resultado de la votación será seguido de cerca por las provincias, especialmente aquellas cuya economía depende de la producción agropecuaria y de los recursos naturales. Más allá del desenlace legislativo, el debate vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica en Argentina: quién controla la tierra, quién se beneficia de su explotación y qué margen tienen las provincias para defender intereses estratégicos frente a decisiones tomadas desde el poder central.
